*Por Fernando Llorente, escritor; 17 de febrero de 2015
El próximo día 27 de febrero se cumplirán
39 años desde que en la madrugada se proclamara la RASD (República Árabe
Saharaui Democrática), en Bir´Lehlu, Territorios Liberados del Sahara
Occidental. Pocas horas después, en la sede del Cuartel General de El Aaiún, el
reino de Marruecos izó por primera vez la bandera de la invasión y la
ocupación, y España arrió, por última, la bandera de la cobardía, la traición y
el abandono, tras casi un siglo de presencia colonial en el territorio.
En 1958, después de la adhesión de España a
la ONU en 1956, el Estado español convirtió el Sahara Occidental en la
provincia número 53, la más extensa del Estado. Para dar credibilidad a su
engañosa buena voluntad dotó a la población saharaui de DNI,s, Libros de
Familia, contratos de trabajo…españoles, “papeles” que los viejos nómadas
atesoran en cajas de cartón. Es verdad que fue decisión de un Estado
dictatorial, pero también lo es que ningún gobierno de la democracia lo
cuestionó nunca y no lo anuló formalmente, quizá porque no les dio tiempo: un
hombre-bisagra entre la dictadura y la democracia, Juan Carlos, se encargó
personalmente de sacrificar a un pueblo, por demanda del entonces Secretario de
Estado USA, H. Kissinger, a cambio del apoyo de EEUU a su inminente reinado.
Y es ahí en donde tengo para mí que,
intereses económicos y dependencias políticas varias aparte, se enmarca el
hecho de que los gobiernos de España nieguen la nacionalidad española a
saharauis que reúnen los requisitos y cumplen las exigencias, entre otras,
estando en posesión de antecedentes familiares documentados como españoles. La
razón de la denegación es la de proceder de un “país no reconocido”, cuando
España sigue siendo, de jure, la potencia administradora de un Territorio, el
Sahara Occidental, tenido como Territorio No Autónomo Pendiente de
Descolonización, según la ONU y la legislación internacional.
Pero, claro, reconocerlo sería tanto como
dejar en feo aquel viaje del todavía príncipe, autoinvestido con plenos poderes
de Jefe de Estado, que anticipó la firma de los acuerdos -inexistentes porque
nunca fueron oficialmente publicados- del 14 de noviembre de 1975, por el que
España entregó el Sahara Occidental, con sus gentes y sus recursos, al tirano
genocida Hassan II. (La participación de Mauritania en el reparto merece
comentarios propios, por el papel asignado de convidado de piedra).
Hace apenas un año, la periodista y
escritora Rosa Montero dedicó una de sus columnas en el diario El País a
exponer y denunciar la denegación de nacionalidad española a la saharauiya
Zahra, con el argumento del “no reconocimiento”. Zahra reside desde hace más de
veinte años en España, en donde han nacido sus dos hijas, y en donde trabaja en
el sector sanitario, y tributa a la Seguridad Social. Según la Asociación
Profesional de Abogados Saharauis en España (APASE) son más de 400 los
saharauis a los que se les niega el derecho que les asiste a la nacionalidad
española. Siempre el mismo, el argumento sin argumentación.
El “no reconocimiento” por parte de España
se compadece con la negativa a conceder al joven saharaui Hassana Alia el Asilo
político, denegación acompañada de orden de expulsión. Fue condenado por un
tribunal marroquí -después de haber sido absuelto por otro civil-, sin
garantías procesales ni jurídicas, a cadena perpetua, por haber participado en
el campamento saharaui de protesta en Gdeim Izik (El Aaiún) en octubre de 2010.
Su regreso a El Aaiún supondría el encarcelamiento y tortura hasta la muerte.
Pero, claro, conceder el Asilo político a Hassana, eso sí supondría un
reconocimiento: el de que las fuerzas invasoras y ocupantes en el Sahara
Occidental persiguen, encarcelan, torturan, matan, hacen desaparecer a
saharauis, por el mero hecho de serlo. Y eso el gobierno de España no tiene la
decencia de reconocerlo. Ninguno la ha tenido.
Desde el día 27 de febrero de 1976 nunca la
bandera marroquí se izó tan alta, ni se arrió tan baja, la española.
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